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El aumento del 9% de las denuncias por violencia intrafamiliar del informe de Carabineros dado a conocer este mes, no ha despertado las alertas que hubiéramos  esperado. Mucho más que un dato, es la cruda realidad que hemos constatado quienes trabajamos con mujeres, y lo más preocupante es que en estas cifras hay un grupo importante de mujeres que no se ve reflejado porque no se atreven a hacer la denuncia, entre ellas, las madres que desde el embarazo sufren violencia silenciosamente. 

Según la Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar (ENVIF) 2020, justamente uno de los principales motivos para no denunciar es el temor a que, al hacerlo, algo le ocurra a sus hijos o hijas. Una manipulación inaceptable que expone la extrema vulnerabilidad de las mujeres madres y sus hijos, todo esto además en una sociedad que tiende a aislar y excluir social y económicamente a las mujeres en etapa de crianza, convirtiéndolas en presa fácil de cualquier tipo de violencia. 

No podemos pasar por alto, que en el 41% de los femicidios los agresores tienen uno o más hijos en común con la víctima (Circuito Intersectorial de Femicidio, 2020) y lo que cabe preguntarnos entonces es cuál es el enfoque de maternidad que se está teniendo para dar a las mujeres que están siendo víctimas de violencia junto a sus hijos, la certeza de que el camino más protector para ambos será seguir adelante con la denuncia. 

Una política articulada y efectiva que ofrezca seguridad a las madres y niños, a través de los centros de salud primaria, hospitales, Carabineros, jardines infantiles, colegios, tribunales y centros de la mujer, entre otros, debiera ser materia de urgencia. 

Virginia Latorre A

Directora Ejecutiva de Fundación Emma